Artículo de Angel Mas, Presidente de ACOM, en The Jerusalem Post
El pasado mes de febrero, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, anunció en rueda de prensa la ruptura de relaciones con Tel Aviv y el Estado de Israel. No podía imaginar entonces el breve y lamentable recorrido que su decisión tendría. Solo seis meses después, con un nuevo equipo de gobierno municipal, y con Ada Colau en la oposición, se ha restablecimiento el hermanamiento con Tel Aviv y, por extensión, se ha puesto fin al boicot oficial de Barcelona a Israel.
En su deplorable comparecencia, Colau había acusado a Israel de “apartheid” (incurriendo, con esa y otras falsedades, en formas de antisemitismo definidas como tal por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA). La alcaldesa presentó entonces su decisión rodeada de representantes locales del movimiento antisemita BDS; se escudaba hipócritamente tras una campaña de firmas patrocinada por el propio Ayuntamiento de Barcelona y por la Generalitat de Cataluña. Es importante aclarar que aquella campaña apenas obtuvo adhesiones, aunque sirvió de casus belli para promover una regulación discriminatoria no solo contra Israel, sino también contra cualquier simpatizante del Estado Judío. En resumen, colocó una diana gigantesca, con revestimiento institucional, sobre las comunidades judías españolas.
Colau estaba convencida de que desatar el odio institucional contra el pueblo judío y su hogar nacional no tendría ningún coste electoral (más bien al contrario) en las elecciones municipales que estaban a la vuelta de la esquina. Se equivocó y perdió el mando de la ciudad. Quizá también dio por hecho que su resolución de deshermanamiento iba a salir gratis desde una perspectiva nacional. Nuevo error. La respuesta de la opinión pública criticando su decisión fue sonora, destacando la reacción de la derecha española: José Luis Martinez Almeida, alcalde de Madrid, calificó de antisemita la decisión, y la Presidenta de la región de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, viajó a Israel para fortalecer las alianzas estratégicas con la principal comunidad autónoma de España y para reafirmar su disposición a luchar contra toda manifestación antisemita.
Colau pensó que su iniciativa carecería de coste político exterior, errando de nuevo; Colau se enfrentó a la reprobación internacional. Si fracasó tan claramente en sus predicciones fue porque todavía existe una conciencia global que impide la normalización del antisemitismo.
Sin embargo, el desenfado con el que la entonces alcaldesa de Barcelona incurrió en supuestos netamente antisemitas tiene su triste explicación. Esos abusos habían sido la norma de conducta en Cataluña durante varios lustros. En estos últimos años, la segunda ciudad de España ha aprobado resoluciones que acosan a un solo Estado sobre la tierra: el Estado democrático de los judíos, el único Estado judío, el judío institucional. Siguiendo la misma línea, docenas de municipios catalanes han aprobado resoluciones incluso más extremas, decisiones con capa institucional que en la práctica excluyen a los judíos y a los amigos de Israel de la vida civil. Por ejemplo, han glorificado el terrorismo al invitar con todos los honores a terroristas de grupos palestinos. Es importante subrayar que Colau no procedió sola al perpetrar sus actos antisemitas; lo hizo de la mano del Partido Socialista (al que pertenecen el actual alcalde y el gobierno de la ciudad), y de las fuerzas separatistas que controlan la Generalitat de Cataluña
Ahora, tras la presión social y la apertura de causas judiciales a iniciativa de ACOM, el ejecutivo barcelonés ha revertido la ruptura del hermanamiento con Tel Aviv. Pero este giro no debería ser un hecho aislado, sino el comienzo de una línea de actuación que enmiende y corrija la hostilidad que la izquierda y el separatismo han promovido impunemente.
Los gestos solo tienen valor si van seguidos de acciones coherentes con ellos. Por eso el Ayuntamiento de Barcelona, el resto de ayuntamientos que refuerzan el movimiento BDS, más la Generalitat de Cataluña, deben poner fin de inmediato a las subvenciones que vienen otorgando a la gran industria de las organizaciones dedicadas a promover actividades antisemitas en Cataluña.
Las manifestaciones y financiación judeófobas y antiisraelíes —valga la redundancia— , no pueden ser normalizadas. Es inconcebible que instituciones públicas de un país democrático continúen promoviendo la discriminación y el odio. Por eso ACOM seguirá llevando a los tribunales a cuantas lo hagan y, por supuesto, mantendrá sus acciones legales contra Ada Colau.
ANGEL MAS, PRESIDENTE DE ACCIÓN Y COMUNICACIÓN SOBRE ORIENTE MEDIO – ACOM
ORIGINAL PUBLICADO EN THE JERUSALEM POST
